¿Despidos a sindicalistas? 100.000 euros a cada trabajador

SECE condenada a readmitir a los trabajadores de CNT y a pagar en concepto de daños 100.000 euros a cada trabajador

Sece es una empresa que se dedica a prestar servicios energéticos, sobre todo al mantenimiento del alumbrado público, según la propia empresa lleva más de 70 contratos públicos de mantenimiento.

La Empresa consiguió en el año 2014 la concesión del mantenimiento del alumbrado público de Granollers. Inmediatamente despidió a trabajadores sobre todo a los afiliados de CNT, que demandaron la nulidad del despido, en una primera sentencia se ganó la readmisión de los despedidos por que la empresa estaba obligada a la subrogación.

La empresa recurrió hasta el Tribunal Supremo, donde también perdió, y no pensaba readmitir a los trabajadores, después de una demanda de cumplimiento de condena, donde fue condenada a multas coercitivas para que cumpliese. Los readmite, pero no les proporciona trabajo, a los 10 días de su readmisión los vuelve a despedir. En una clara demostración de «chulería», pero sobre todo una demostración de no querer ni pretender cumplir la sentencia del Tribunal Supremo.

Durante todo este tiempo hemos puesto en conocimiento del ayuntamiento de Granollers la situación de los trabajadores y sobre todo la actitud de la empresa, incluso el incumplimiento por parte de la empresa de la sentencia. También les expusimos a este y otros ayuntamientos una reivindicación del sindicato CNT, la inclusión en los pliegos de condiciones de los contratos de la administración pública de «requisitos sociales» es decir que las empresas adjudicatarias realicen buenas prácticas sociales, respetando las leyes laborales y los derechos de los trabajadores y trabajadoras, algo que obviamente no cumple la empresa SECE, en opinión del Sindicato CNT y de los tribunales. Este tipo de requisitos sociales en Europa si se están empezando a exigir a las empresas que desean contratar con la administración, En España la CNT lo está exigiendo y es una de sus peticiones desde hace algunos años, debido a la cantidad de empresas subcontratistas que explotan a los trabajadores y trabajadoras, en un claro abuso de poder, algo que no deberían de permitir las administraciones públicas, fomentar a empresa que vulneran los derechos que la misma administración tiene que velar por su cumplimiento, pero que sin embargo en algunas ocasiones están incluso colaborando a esta injusticia.

Esta Empresa SECE, después de despedir a los trabajadores, por segunda vez, demostrando él incumplimiento de la sentencia del Supremo, (con conocimiento del ayuntamiento de Granollers, y otros que contrataron con esta empresa, durante este conflicto entre ellos el de Barcelona, sin que en ningún momento mostraran ningún tipo de solidaridad con los trabajadores). Fue denunciada y el juzgado de lo social nº 33 de Barcelona en una sentencia ejemplar y ejemplarizante, condena a SECE a readmitir a tres trabajadores de CNT y a abonar a cada trabajador una indemnización de 100.000 Euros, por daños morales, no solo para resarcir los daños y perjuicios a los trabajadores sino además, como la misma sentencia dice: «sino también la de evitar que la empresa pueda adoptar en el futuro medidas en vulneración de la tutela judicial efectiva de sus empleados/as» Con ello, lo que esta interesante sentencia dicta es que esta empresa (que subcontrata con ayuntamientos de toda Cataluña) vulnera los derechos fundamentales entre ellos el art. 24 de la constitución, y para que los trabajadores y trabajadoras no sientan miedo a utilizar sus derechos fundamentales debido a la posible represión de la empresa la condena a una multa de 100.000 euros por trabajador, como medida disuasoria, para que no vuelva a vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras.

Que en los juzgados tengan que dictar sentencias para disuadir a las empresas para que no vulneren derechos fundamentales de los trabajadores y las administraciones públicas no tengan en cuenta estas situaciones que ellas mismas ayudan a mantener, ya que son las que les adjudican el trabajo, es una clara demostración de la poca sensibilidad que tienen los políticos con los problemas de los trabajadores y trabajadoras de este país, que por desgracia se están convirtiendo poco a poco en los más desfavorecidos.

No existe sensibilidad en la clase política, ni en la vieja ni en la nueva «casta», con respecto a los asuntos laborales, además existe una gran ignorancia en estos asuntos, lo demuestran además de este caso, las maneras de cómo han gestionado los conflictos laborales esta nueva casta política, igual o peor que la anterior. resolviendo los conflictos sin escuchar a nadie, sin dialogo y desde el total desconocimiento imponen un parche que no solo no suele solucionar el problema, sino que lo agranda y lo difiere al futuro, con un «El que venga atrás que arree». En este caso de la sección sindical de CNT en SECE, hemos estado 3 años pleiteando con la empresa intentando dialogar y sobre todo avisar a otros ayuntamientos, y todos han hecho oídos sordos, pero los Ayuntamientos que han contratado con esta empresa en estos años, saben perfectamente que han contratado a una empresa que vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, que no ha mostrado ningún respeto por las sentencias judiciales, y sin embargo «a sabiendas» o con dolo (como diría el Código penal) les adjudican contratos.

¿Por qué les dan dinero estos ayuntamientos a este tipo de empresas? Sería una buena pregunta para hacérsela a más de un nuevo político o política.